Los Gobiernos españoles desde siempre han venido vulnerando el principio de quién contamina paga. La contaminación y el déficit de tarifa viene injustamente sufragándose desde el año 2010 a cargo de los inversores en energías renovables
El Gobierno español debería preocuparse por fomentar las energías renovables dado el aumento de la proporción de electricidad producida en España a través de esta fuente de energía. Estas fuentes de energía, representan una parte no desdeñable de la electricidad producida y consumida en España (44 % del parque de producción de electricidad en España en términos de potencia instalada en 2009, 23 % de la producción eléctrica española en 2008 y 35 % de la electricidad consumida en España en 2010). Todas las mejoras que se han hecho en España en materia de energías renovables han servido para fomentar reducciones de las emisiones de los gases de efecto invernadero de una forma eficaz.
Asimismo, por imperativo legal, España por formar parte de la Unión Europea ha de obrar en pro del desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente […].
El artículo 11 TFUE prescribe que «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión […]. El artículo 191 TFUE precisa:
«1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
– la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
– la protección de la salud de las personas,
– la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
– el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático.
[…]»
En este sentido hemos de recordar que la Directiva 2003/87 establece, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Unión y los Estados miembros en el marco del Protocolo de Kioto (considerandos 4 y 5 de la Directiva), un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión a fin de fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente (artículo 1 de la Directiva).
Resulta desconcertante saber como España pretende reducir las emisiones de CO2, y el protocolo de Kioto abandonando el fomento de las energías renovables, y retrotrayendo la seguridad jurídica hasta límites injustificados y fuera de todo control.
La Directiva 2003/87 prevé, a partir de 2013, la necesidad de pagar determinados derechos de emisión de gases de efecto invernadero de entre los concedidos a cada Estado miembro…pero a pesar de ello se siguen sin fomentar las energías renovables en España.
